Durante el camino que hemos recorrido como organización, la defensa de los derechos comunitarios se ha convertido en un eje vertebral de nuestras luchas: nos ha llevado a una dimensión de la vida social que en nuestro país está muy subvalorada. La legislación costarricense no reconoce la propiedad social en ninguna de sus expresiones, la división jurídica de la vida solo reconoce la propiedad privada y la propiedad pública, entendida como estatal. Así que lo público-social fuera del Estado no existe, el lugar donde suceden las experiencias de vida comunitaria. La ruptura del tejido social que ha generado 30 años de neoliberalismo, la subjetividad consumidora