Tribunal condenó a abogada por usurpación: Viceministra alega imposibilidad de garantizar seguridad en Salitre.
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La vivienda de la indígena de la comunidad de Salitre Celina Figueroa fue quemada el pasado 24 de diciembre. (Foto: Colectivo Radio 8 de Octubre)
“Por la situación geográfica del territorio a veces es imposible evitar que se den algunas cuestiones”, opinó Zúñiga, quien agregó: “Los últimos actos se generaron en un espacio donde se necesita de una a dos horas caminando para que haya presencia de personas. Hay lugares donde es imposible el ingreso de autos”.
La viceministra lejos de ser pesimista augura mejores tiempos para la comunidad, ya que alega que el esfuerzo realizado por el Gobierno durante los últimos meses es mucho más significativo que lo consumado incluso hasta cinco décadas atrás.
“Todo esto se produce por más de 50 años de gobiernos irresponsables, por lo que tampoco se va a resolver en un mes. Pero para nosotros esa violencia tiene que llegar a su final”, indicó Zúñiga.
En el 2014, el enfrentamiento entre finqueros de Buenos Aires de Puntarenas e indígenas de la comunidad de Salitre causó quemas de ranchos y heridos. Al menos cinco familias indígenas perdieron su vivienda debido a los ataques. El último de los casos se presentó el pasado 24 de diciembre, cuando la casa de Celina Figueroa fue incendiada mientras se encontraba fuera de su propiedad celebrando la Navidad junto a familiares.
Estas agresiones se presentan luego de que en julio, gracias a la intervención de la viceministra Zúñiga, se logró un acuerdo que estableció un acuerdo para respetar la ocupación de los territorios tal y como se encontraban a la fecha. Pero el compromiso fue roto tan solo unas semanas después, y los incumplimientos persisten.
POLÍCIAS PERO SIN GARANTÍAS
En la comunidad de Salitre se ha incrementado la presencia de policías y ahora los patrullajes dentro del territorio indígena son más constantes. No obstante, esas medidas no logran evitar ataques a los indígenas y a sus casas.
Reynaldo González es director Regional de la Fuerza Pública en la Región Brunca, y reconoce los esfuerzos realizados para frenar los enfrentamientos, aunque asevera que es irresponsable asegurar la completa seguridad en la zona.
“En ninguna parte la Fuerza Pública puede garantizar que no habrá hechos de violencia, eso es irresponsable, pero nosotros estamos mejorando las acciones para salvaguardar en lo posible la buena convivencia de esa comunidad”, espetó González.
Para la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, el Estado no puede desconocer su obligación de garantizar la seguridad de los habitantes en Salitre.
“No basta únicamente con resolver los brotes de violencias sino en pensar cómo se va a resolver integralmente lo que sucede en Salitre”, manifestó Solano.
“Seguimos pensando que falta voluntad política”, enfatizó el vecino de la comunidad indígena, Felipe Figueroa.
Los reclamos de la población indígena de Salitre tuvieron eco en el Consejo Universitario de la UCR: el máximo órgano de decisión de la Universidad condenó los ataques en contra del pueblo bribri en ese territorio indígena, y exigió al Gobierno una intervención inmediata para garantizar el cese de los actos de violencia.
También demandó “el cumplimiento efectivo de la legislación vigente en la materia y de los acuerdos alcanzados en julio de 2014 para garantizar la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Los integrantes de Consejo Universitario de la UCR urgieron a las autoridades judiciales a investigar los hechos “con el fin de juzgar y sancionar a las personas responsables de estos para evitar que queden en la impunidad”.
Condenan a abogada por usurpación de tierras indígenas
Meses sin paz
FRASE DESTACADA
“Por la situación geográfica del territorio a veces es imposible evitar que se den algunas cuestiones”, Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de Asuntos Políticos.
Miércoles, 14 de Enero de 2015 00:00
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La vivienda de la indígena de la comunidad de Salitre Celina Figueroa fue quemada el pasado 24 de diciembre. (Foto: Colectivo Radio 8 de Octubre)
Las
continuas quemas de ranchos y amenazas a indígenas en la comunidad de
Salitre de Buenos Aires de Puntarenas están lejos de cesar, o al menos
así lo percibe la viceministra de Asuntos Políticos, Ana Gabriel Zúñiga,
quien aseguró que existen limitaciones para resguardar el territorio y
las propiedades indígenas asediadas por peones y finqueros de la zona
sur.
“Por la situación geográfica del territorio a veces es imposible evitar que se den algunas cuestiones”, opinó Zúñiga, quien agregó: “Los últimos actos se generaron en un espacio donde se necesita de una a dos horas caminando para que haya presencia de personas. Hay lugares donde es imposible el ingreso de autos”.
La viceministra lejos de ser pesimista augura mejores tiempos para la comunidad, ya que alega que el esfuerzo realizado por el Gobierno durante los últimos meses es mucho más significativo que lo consumado incluso hasta cinco décadas atrás.
“Todo esto se produce por más de 50 años de gobiernos irresponsables, por lo que tampoco se va a resolver en un mes. Pero para nosotros esa violencia tiene que llegar a su final”, indicó Zúñiga.
El
7 de julio, la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, (de
anteojos) encabezó una delegación del Gobierno que medió para reducir
la tensión en Salitre, sin embargo, los acuerdos no han sido aplicados
(Foto: David Bolaños)
Salitre
es una comunidad indígena ubicada en la zona sur del país, que cuenta
con más de 11 mil hectáreas que se dispersan en el cantón de Buenos
Aires de Puntarenas, un laberinto de montañas que propicia el ingreso
ilegal de no indígenas al territorio, quienes a la fecha mantienen en su
control cerca del 60% de las tierras, a pesar de la prohibición
existente en la ley de Autonomía Indígena, según un estudio realizado
por la ONG Forrest People Programme.
En el 2014, el enfrentamiento entre finqueros de Buenos Aires de Puntarenas e indígenas de la comunidad de Salitre causó quemas de ranchos y heridos. Al menos cinco familias indígenas perdieron su vivienda debido a los ataques. El último de los casos se presentó el pasado 24 de diciembre, cuando la casa de Celina Figueroa fue incendiada mientras se encontraba fuera de su propiedad celebrando la Navidad junto a familiares.
Estas agresiones se presentan luego de que en julio, gracias a la intervención de la viceministra Zúñiga, se logró un acuerdo que estableció un acuerdo para respetar la ocupación de los territorios tal y como se encontraban a la fecha. Pero el compromiso fue roto tan solo unas semanas después, y los incumplimientos persisten.
POLÍCIAS PERO SIN GARANTÍAS
En la comunidad de Salitre se ha incrementado la presencia de policías y ahora los patrullajes dentro del territorio indígena son más constantes. No obstante, esas medidas no logran evitar ataques a los indígenas y a sus casas.
Reynaldo González es director Regional de la Fuerza Pública en la Región Brunca, y reconoce los esfuerzos realizados para frenar los enfrentamientos, aunque asevera que es irresponsable asegurar la completa seguridad en la zona.
“En ninguna parte la Fuerza Pública puede garantizar que no habrá hechos de violencia, eso es irresponsable, pero nosotros estamos mejorando las acciones para salvaguardar en lo posible la buena convivencia de esa comunidad”, espetó González.
Para la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, el Estado no puede desconocer su obligación de garantizar la seguridad de los habitantes en Salitre.
“No basta únicamente con resolver los brotes de violencias sino en pensar cómo se va a resolver integralmente lo que sucede en Salitre”, manifestó Solano.
“Seguimos pensando que falta voluntad política”, enfatizó el vecino de la comunidad indígena, Felipe Figueroa.
Los reclamos de la población indígena de Salitre tuvieron eco en el Consejo Universitario de la UCR: el máximo órgano de decisión de la Universidad condenó los ataques en contra del pueblo bribri en ese territorio indígena, y exigió al Gobierno una intervención inmediata para garantizar el cese de los actos de violencia.
También demandó “el cumplimiento efectivo de la legislación vigente en la materia y de los acuerdos alcanzados en julio de 2014 para garantizar la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Los integrantes de Consejo Universitario de la UCR urgieron a las autoridades judiciales a investigar los hechos “con el fin de juzgar y sancionar a las personas responsables de estos para evitar que queden en la impunidad”.
Condenan a abogada por usurpación de tierras indígenas
El
exjuez de la República Carlos Gutiérrez y la abogada Thais Vidal
deberán mantenerse alejados del territorio indígena de Salitre en Buenos
Aires de Puntarenas, por hasta cinco años, luego de que el Tribunal
Penal de Pérez Zeledón los condenara a tres años de prisión por el
delito de usurpación en perjuicio de Otilia Figueroa y la Asociación de
Desarrollo Integral Indígena de Salitre.
La prohibición de acercase a los afectados es parte de las medidas restrictivas aplicadas como ejecución condicional de la pena, evitando así descontarla en cárcel, donde además se les advierte que de cometer otro ilícito o perturbar a los ofendidos y sus familiares se les revoca la gracia.
A Gutiérrez y Vidal se les juzgó por la apropiación de una parcela de media hectárea en la comunidad indígena de Cebror. La Asociación de Desarrollo de Salitre otorgó un derecho de posesión de la propiedad en el año 2012 a la indígena bribri Otilia Figueroa, pero la tierra fue invadida por los abogados.
Se intentó conocer la posición de la abogada Thais Vidal pero no atendió las llamadas hechas a su teléfono celular.
Figueroa y la ADI de Salitre se apoyaron en la Ley de Autonomía Indígena de 1977, que establece que los territorios indígenas son intransferibles a terceras personas.
La prohibición de acercase a los afectados es parte de las medidas restrictivas aplicadas como ejecución condicional de la pena, evitando así descontarla en cárcel, donde además se les advierte que de cometer otro ilícito o perturbar a los ofendidos y sus familiares se les revoca la gracia.
A Gutiérrez y Vidal se les juzgó por la apropiación de una parcela de media hectárea en la comunidad indígena de Cebror. La Asociación de Desarrollo de Salitre otorgó un derecho de posesión de la propiedad en el año 2012 a la indígena bribri Otilia Figueroa, pero la tierra fue invadida por los abogados.
Se intentó conocer la posición de la abogada Thais Vidal pero no atendió las llamadas hechas a su teléfono celular.
Figueroa y la ADI de Salitre se apoyaron en la Ley de Autonomía Indígena de 1977, que establece que los territorios indígenas son intransferibles a terceras personas.
Meses sin paz
5 de julio de 2014
Un grupo de finqueros de Buenos Aires de Puntarenas bloquea el camino al territorio indígena de Salitre y queman algunos ranchos de indígenas.
7 de julio
La viceministra de Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, anuncia el cese a las hostilidades en la comunidad de Salitre, y algunas medidas para evitar nuevos enfrentamientos.
Setiembre y noviembre de 2014
Durante esos meses al menos cuatro ranchos indígenas fueron quemados en sus territorios.
6 de noviembre
Sergio Rojas, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre, guarda prisión acusado de malversación de fondos.
24 de diciembre de 2014
Un grupo de personas sin identificar quema la casa de Celina Figueroa.
Un grupo de finqueros de Buenos Aires de Puntarenas bloquea el camino al territorio indígena de Salitre y queman algunos ranchos de indígenas.
7 de julio
La viceministra de Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, anuncia el cese a las hostilidades en la comunidad de Salitre, y algunas medidas para evitar nuevos enfrentamientos.
Setiembre y noviembre de 2014
Durante esos meses al menos cuatro ranchos indígenas fueron quemados en sus territorios.
6 de noviembre
Sergio Rojas, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre, guarda prisión acusado de malversación de fondos.
24 de diciembre de 2014
Un grupo de personas sin identificar quema la casa de Celina Figueroa.
FRASE DESTACADA
“Por la situación geográfica del territorio a veces es imposible evitar que se den algunas cuestiones”, Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de Asuntos Políticos.