lunes, 26 de septiembre de 2016

Exigen organizaciones indígenas y campesinas al Gobierno costarricense; plan de acción real antes del 29 de setiembre.

COMUNICADO DE PRENSA
Organizaciones indígenas y campesinas exigen al Gobierno plan de acción real
antes del 29 de setiembre



Buenos Aires, Puntarenas. 23 de setiembre, 2016.

Integrantes de organizaciones y comunidades campesinas, de pueblos originarios y sociales de la Zona Sur dieron tiempo al Gobierno hasta el 29 de setiembre para que presente un plan con acciones, responsables, plazos y recursos necesarios, que atienda sus demandas y exigencias por una vida digna y justa.

El pasado 15 de setiembre estas personas presentaron un documento de propuestas, demandas y exigencias al Gobierno, estableciendo un plazo de 15 días para recibir una respuesta por escrito. Hasta la fecha no han recibido ninguna notificación al respecto.

A continuación, las principales demandas:

    •    Brazo de Oro: Demandan que el Gobierno haga lo que corresponda para poner en formal posesión a las familias originarias que recuperaron sus tierras en Brazo de Oro, en Territorio de Iriria Bribri Sä Kä (Cabagra). Exigen que el Gobierno haga cumplir los derechos de los pueblos originarios y garantice la seguridad e integridad física y territorial del pueblo bribri. El 22 de febrero de este año se realizó esta recuperación. El 8 de marzo las y los recuperadores se reunieron con funcionarios gubernamentales en Buenos Aires de Puntarenas y se acordó que el gobierno estudiaría la situación de la tierra a recuperar, en un plazo de 6 meses, para resolver el tema de la usurpación por parte del terrateniente Jesús Monge Bermúdez (quien posee ilegalmente 3 fincas en ese territorio). Dicho plazo venció el 8 de setiembre, ante lo cual, las y los recuperadores originarios de la Familia Torres Morales, acordaron que una vez que se venza el plazo indicado, darán 10 días hábiles para que se desaloje al invasor. 



    •    Protocolos de Salitre y Cabagra: Exigen que el Gobierno de respuesta concreta a las propuestas de Protocolo para el Saneamiento Territorial, la Seguridad e Integridad de los Pueblos Bribris de Salitre y de Irria Bribri Sä Kä (Cabagra), elaboradas por ambos pueblos y entregadas al gobierno el 24 de abril en el caso de Salitre y el 15 de julio en el caso de Iriria Bribri Sä Kä. Demandan que el Ejecutivo realice los desalojos administrativos contra terratenientes usurpadores, priorizados por los pueblos.



    •    Finca San Andrés: Piden que se entregue formalmente Finca San Andrés (ubicada en el Territorio Originario Broran Térraba) a las familias originarias Térrabas que lo habitan y trabajan desde hace más de un año y que no se entregue esa finca a la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba (ADIT), cuya personería jurídica no está vigente actualmente.



    •    Finca Chánguena y Finca Térraba: Demandan al Gobierno agilizar todos los trámites administrativos y judiciales pendientes para entregar formalmente y de forma definitiva estas tierras a las familias que las habitan y trabajan.


    •    Tarifas de autobuses: Rechazan todos los aumentos desproporcionados y abusivos de tarifas, que se han aprobado para diversas líneas de autobuses en la zona y exigen que no se apruebe ningún otro aumento hasta que no se dé una discusión entre las comunidades y las instancias respectivas. Además, exigen servicios de transporte público con calidad y dignidad y que se apruebe lo antes posible el nuevo modelo tarifario propuesto por la Autoridad Regularoda de Servicios Públicos (ARESEP).


Las organizaciones y comunidades que suscribieron el documento de demandas son:

Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa del Territorio Bribri de Salitre, Recuperador@s Originarios de Finca San Andrés del Territorio Naso Broran Térraba, Consejo de Cultura de Boruca, Consejo Indígena Regional Pacífico Sur, Consejo de Mayores Iriria Jtéchö Wakpa e Instancia Originaria Békg TLra ÑLre del Territorio Bribri de Iriria Bribri Sä Kä, Recuperador@s originarios de Nima Dikol y Brazos de Oro del Territorio Bribri de Iriria Bribri Sä Kä, Grupo de Mujeres Ngäbe de Alto Abrojo, COOTRAOSA R.L, Comité de Lucha por la Tierra de Finca Changuena, Comité de Lucha por la Tierra de Palmar Sur, Organización de Lucha Campesina por Nuestras Tierras del Sur (OLCASUR), Asociación de Usuari@s de Autobuses de la Zona Sur, Asociación Voces Nuestras, Ditsö y Coordinadora de Lucha Sur Sur.

lunes, 19 de septiembre de 2016

Propuestas, demandas y exigencias de comunidades y organizaciones de la Zona Sur Sur, ante el Gobierno de la República de Costa Rica

Al Pueblo de Costa Rica

Al Gobierno de la República (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 

A la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos
Al Relatoría de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU

A los Pueblos del mundo

Jueves 15 de setiembre de 2016


Propuestas, demandas y exigencias de comunidades y organizaciones de la Zona Sur Sur, ante el Gobierno de la República de Costa Rica

Quienes suscribimos, organizaciones y comunidades campesinas, de pueblos originarios y sociales de la Zona Sur Sur del país, vivimos los efectos de las políticas capitalistas neoliberales que han impuesto al país y a la zona políticos y grupos dominantes y aspiramos y estamos tratando de construir comunidades justas y dignas.

Expresamos nuestro repudio ante las reiteradas y vacías promesas que hacen diversas instancias y funcionarios del Gobierno; ante la problemática y exigencias que una y otra vez hemos documentado y presentado a la administración Solís Rivera.

Por lo anterior, estamos presentando en forma definitiva y por última vez este pliego de propuestas, demandas y exigencias al Gobierno y dando un plazo improrrogable de 15 días a partir de la fecha de este documento, para recibir una respuesta por escrito de parte de las instancias correspondientes; respuesta que debe consistir en un plan de acción real y concreto para cumplir con lo aquí propuesto y demandado; esperamos un plan con acciones, responsables, plazos y los recursos necesarios para su complimiento.

Estas son nuestras propuestas y exigencias:

1.   Que las instancias públicas y l@s funcionari@s de todos los poderes, respeten las instancias o estructuras originarias y sus decisiones, que conforme a su cultura han venido revitalizando los pueblos originarios.

2.   Que se entregue formalmente Finca San Andrés (ubicada en el Territorio Originario Broran Térraba) a las familias originarias Térrabas que lo habitan y trabajan desde hace más de un año y que dicha Finca no sea entregada a la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba (ADIT) (cuya personería jurídica no está vigente actualmente); esto tomando en cuenta el avergonzante precedente de Finca Volcancito, la cual fue entregada por la ADIT de manera ilegal a personas no pertenecientes al Pueblo Naso Broran Térraba.

3.   Expresamos nuestro total rechazo a las intenciones gubernamentales y de grupos de poder de continuar con el Proyecto Hidroeléctrico Diquís, ya que el mismo no es una necesidad nacional, sino que corresponde a un crecimiento descontrolado de los mercados de producción y comercialización de la energía eléctrica con el único fin de generar ganancias para ciertos grupos y empresas.

4. Demandamos que el Gobierno haga cumplir las Medidas Cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del Pueblo Bribri de Salitre y del Pueblo Naso Broran de Térraba.

5.   Exigimos que el Gobierno de respuesta concreta ante las propuestas de Protocolo para el Saneamiento
Territorial, la Seguridad e Integridad de los Pueblos Bribris de Salitre y de Irria Bribri Sä Kä (Cabagra) propuestas elaboradas por ambos pueblos y entregadas al gobierno desde el 24 de abril en el caso de Salitre y desde el 15 de julio en lo que respecta a Iriria Bribri Sä Kä.

6.  Demandamos la inmediata acción del Ejecutivo para realizar los desalojos administrativos contra terratenientes usurpadores, que ya han priorizado los Pueblos Bribris de Salitre (7 desalojos priorizados desde setiembre de 2014) y de Iriria Bribri Sä Kä (13 desalojos priorizados en julio de 2016), situación conocida por el Gobierno desde las fechas indicadas.

7.   Demandamos que el Gobierno haga lo que le corresponda para poner en formal posesión a las familias originarias que desde el 22 de febrero de 2016 han recuperado sus tierras – territorio en las comunidades de Nima Dikol (Palmira) y Brazo de Oro, ambas ubicadas en el Territorio de Iriria Bribri Sä Kä.

8.   El día 8 de marzo del presente año, las y los recuperadores originarios de Brazo de Oro sostuvieron una reunión con funcionarios gubernamentales en Buenos Aires de Puntarenas. En dicha reunión se acordó, que el gobierno estudiaría la situación con respecto a la tierra a recuperar, en un plazo de 6 meses, para así resolver el tema de la usurpación por parte del terrateniente Jesús Monge Bermúdez (quien posee ilegalmente 3 fincas en ese territorio).

Dicho plazo venció el 8 de setiembre, ante lo cual, las y los recuperadores originarios de la Familia Torres Morales, acordaron que una vez que se venza el plazo indicado, dar 10 días hábiles para que se realice el desalojo del invasor. Por lo anterior exigimos que el Gobierno actúe de acuerdo al bloque de legalidad y haga cumplir los derechos de los pueblos originarios y garantice la seguridad e integridad física y territorial del Pueblo Bribri.

9.   Ante los reiterados hechos de violencia contra los Pueblos originarios de la zona (Pueblo Bribris de Salitre e Iriria Bribri Sä Kä y el Pueblo Naso Broran Térraba), perpetrados por grupos y personas plenamente identificadas y que públicamente hacen alarde de su odio y racismo, como el caso de la Comisión Cantonal Bonarense;  y ante la impunidad que hasta hoy impera en todos esos casos; exigimos que las Instancias Judiciales, Policiales y Políticas pertinentes brinden un informe del actuar de l@s funcionarios judiciales y policiales de la zona y  presenten un plan minucioso, con plazos y responsables sobre las medidas para acelerar y evitar la impunidad en los procesos que se siguen contra los responsables de la quema del Ü Sure del pasado 23 de febrero, los ataques a los mayores Adilio  Ortiz Torres y Antonio Torres Leiva el 7 de abril en el que se identificaron como presuntos responsables a Mario Espinoza Vargas; Antonio Jiménez Leiva, Henry Marín Chinchilla, Wilson Uva Hidalgo, Miguel y Luis Bermúdez Matamoros; las constantes amenazas y actos de intimidación perpetrados por Mario Espinoza Vargas y Jesús Monge Bermúdez contra las y los recuperadores de Nima Dikol y Brazo de Oro respectivamente, las amenazas y actos de violencia de Sonia Jiménez Valverde contra la mayor María Evangelista Mayorga Badilla y los múltiples casos de violencia contra el Pueblo Bribri de Salitre.

10. Exigimos que la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Cabagra (ADIC) entregue al Pueblo Bribri de Iriria Bribri Sä Kä las tierras – territorio que tienen en su poder.

11.  Demandamos al Gobierno agilizar todos los trámites administrativos y judiciales pendientes, para entregar formalmente y de forma definitiva las tierras de Finca Changuena y Finca Térraba a las familias que los habitan y trabajan.

12. Rechazamos todos los aumentos desproporcionados y abusivos que se han aprobado para diversas líneas de autobuses en la zona y exigimos que no se apruebe ningún otro aumento hasta que no se dé una discusión entre las comunidades y las instancias respectivas. Además exigimos servicios de transporte público con calidad y dignidad y que se apruebe lo antes posible el nuevo modelo tarifarios propuesto por la ARESEP.

13. Demandamos la prestación de los servicios públicos de educación y salud con respeto, calidad y dignidad hacia todos los pueblos y comunidades de la zona.

Esperando una respuesta concreta, seria y responsable a lo aquí planteado en un plazo improrrogable de 15 días y comunicando que realizaremos todas las acciones necesarias para hacer cumplir nuestras propuestas, demandas y exigencias por una vida digna y justa;

Para recibir respuesta y cualquier comunicación ofrecemos las siguientes direcciones electrónicas:

consejomayores.iriria@gmail.com
roberthmv1974@gmail.com
claritaquieltorres@gmail.com
bubulwak09@gmail.com
tuariwak@gmail.com
renierc56@gmail.com
davifer07@hotmail.com
evesaverafa84@gmail.com
ditso.org@gmail.com
tavoreamuno72@gmail.com
barozz100@gmail.com
chinamaroto@yahoo.es
fhugodennis66@yahoo.es

Organizaciones y comunidades que suscribimos:


Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa del Territorio Bribri de Salitre
Recuperador@s Originarios de Finca San Andrés del Territorio Naso Broran Térraba
Consejo de Cultura de Boruca
Consejo Indígena Regional Pacífico Sur
Consejo de Mayores Iriria Jtéchö Wakpa e Instancia Originaria Békg TLra ÑLre del Territorio Bribri de Iriria Bribri Sä Kä
Recuperador@s originarios de Nima Dikol y Brazos de Oro del Territorio Bribri de Iriria Bribri Sä Kä Grupo de Mujeres Ngäbe de Alto Abrojo
COOTRAOSA R.L
Comité de Lucha por la Tierra de Finca Changuena
Comité de Lucha por la Tierra de Palmar Sur
Organización de Lucha Campesina por Nuestras Tierras del Sur (OLCASUR)
Asociación de Usuari@s de Autobuses de la Zona Sur
Voces Nuestras
Ditsö
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

jueves, 15 de septiembre de 2016

viernes, 2 de septiembre de 2016

México. PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DE LA REPRESIÓN Y EN CONTRA DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES


LATIN AMERICA SOLIDARITY CENTRE (LASC), Artst and Business Campus, 40 Drumcondra Road Lower, Dublin 9,  Ireland
Phone: +353-1-6760435
Fax: +353-1-6621784



PRESENTE.
PRONUNCIAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL:
Los abajo firmantes nos pronunciamos EN CONTRA DE LA REPRESIÓN Y EN CONTRA DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES que se han venido incrementando en estos últimos años por parte del Estado mexicano  hacia la Sociedad civil (campesinos, estudiantes, maestros, indígenas, periodistas, mujeres, ambientalistas, etc.). 

Exigimos la DESTITUCIÓN INMEDIATA del Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto,  por la ineptitud demostrada para salvaguardar la soberanía e integridad nacional, y  para su enjuiciamiento político, como responsable  directo de las masacres, crímenes aislados y selectivos, secuestros y desapariciones forzadas, considerados como Crímenes de Lesa humanidad (de acuerdo a la Corte Penal Internacional), acontecidos en varios Estados de la República: Ayotzinapa, Nochixtlán en GUERRERO; San Fernando, en TAMAULIPAS; Allende, en COAHUILA; Tanhuato, en MICHOACÁN; San Salvador Atenco, Huehuetoca y Tlatlaya, en el ESTADO DE MÉXICO; Córdoba, Paso del Macho, Tres Valles, Amatlán de Los Reyes, El Porvenir, San Rafael Calería, Mendoza, en VERACRUZ; Tetelcingo, en MORELOS (que ahora es el Estado con el mayor índice de feminicidios), y que incluye a la CIUDAD DE MÉXICO, donde se ha registrado un aumento de más del 25% en homicidos en lo que va del año 2016, con respecto al índice registrado durante todo el periodo del año 2015, y entre tantas más tragedias constantes que, han causado un pena inmesurable y conmocionado los corazones de las madres y familiares de las víctimas, del pueblo mexicano en particular y de tanta gente alrededor del mundo en general. 

Esta situación nos coarta, como ciudadanos del mundo, nuestro Derecho inalienable a la vida, a la libertad, y a la seguridad de nuestra persona, situación por demás indignante e intolerable, que ha derivado en la bajeza humana extrema a la que ahora estamos expuestos como sociedad ante sus propios gobernantes, quienes están además vinculados directamente con el narcotráfico y el crímen organizado. 

 REPUDIAMOS ESTOS MÉTODOS REPRESIVOS E INFRAHUMANOS que se han vuelto recurrentes no sólo en México, sino principalmente en países de América Latina que presentan resistencia, a través de diversos movimientos sociales y/o manifestaciones, al modelo Neoliberal que se quiere imponer, o en movimientos de índole diversa que simplemente defienden su derecho a conservar la propia identidad.  Recurrimos a ustedes como Organismos Internacionales para que intervengan en favor de una sociedad que no hace mas que RECLAMAR Y EXIGIR JUSTICIA, ya que como es sabido y comprobado, es el propio Estado mexicano el que está violando la Justicia, la impartición de Justicia e impidiendo  directamente la misma para sus conciudadanos,  por lo que nos pronunciamos asímismo EN CONTRA DE LA IMPUNIDAD que ha prevalecido y caracterizado al gobierno de este país y que además ha sido la principal causa del empeoramiento a niveles inaceptables y condenables de nuestra actual situación.
¡¡Alto a la represión!!                  ¡¡Basta de Impunidad!!                     ¡¡Exigimos Justicia!! 
A través de Jornadas multiculturales de carácter nacional e internacional, recabaremos firmas, ejerciendo igualmente nuestro Derecho a la Libertad de Expresión.
Agradecemos de antemano su Atención y enviamos abrazos muy fraternos.

FECHA              NOMBRE   O   INSTITUCIÓN                                           FIRMA                         PAÍS
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 Las adhesiones se pueden enviar al correo:
cyanarayap@hotmail.com

miércoles, 31 de agosto de 2016

La libertad de empresa limita ejercicio democrático de municipalidades: La Sala Constitucional anula moratoria a la expansión piñera en el cantón de Los Chiles

La libertad de empresa limita ejercicio democrático de municipalidades:
La Sala Constitucional anula moratoria a la expansión piñera en el cantón de Los Chiles

Comunicado de prensa.

Este 12 de agosto, la Sala Constitucional falló en contra de la moratoria al monocultivo de la piña decretada por la Municipalidad de Los Chiles el 05 de julio pasado. El acuerdo fue planteado a petición de las comunidades afectadas por los graves impactos de esta agroindustria en la zona norte de Costa Rica.

El ejercicio democrático de comunidades y gobiernos locales para a escoger un camino propicio para bienestar y la salud de su propia comunidad tiene límites y uno de esos parece ser la libertad de empresa. Así lo ha decidido La Sala Constitucional en su sentencia 011545-16 a raíz de un recurso de amparo interpuesto por la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) en contra del Concejo de la Municipalidad de Los Chiles a razón de que esta declaraba una moratoria de cinco años para el otorgamiento de permisos, autorizaciones municipales y certificados de uso conforme para la construcción e instalación de proyectos piñeros en dicho cantón.

La moratoria está sustentada en la urgencia de constatar técnicamente los impactos negativos en la actividad piñera a la luz de estudios que demuestran el impacto sobre la calidad del agua potable para uso/consumo humano y animal; los daños ocasionados a la ganadería  debido a mal manejo a los rastrojos; la tala del bosque descontrolada; la explotación laboral y el surgimiento de afectaciones sobre la salud de trabajadores/as y vecinos/as por agrotóxicos.

Han sido tres las municipalidades que han intentado poner un freno a la irresponsable industria piñera. En 2008 Guácimo hace efectivo el reclamo comunitario para impedir que esta agroindustria siga afectando sus comunidades e instala una moratoria. Le siguió Pococí en 2012, con un acuerdo municipal igualmente acuerpado por organizaciones vecinales de la zona de Guápiles pero la Sala Constitucional anula está moratoria a petición de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto ese mismo año por la CANAPEP. La misma suerte corrió este mes de agosto para la declaratoria del cantón de Los Chiles.

Desde la Campaña Piña Sin Derechos alertamos sobre la intromisión dentro de la Sala Constitucional de intereses particulares en contra del bienestar público. Denunciamos a los Magistrados: Castillo, Rueda Leal y Hernández López por crear un precedente negativo en cuanto al derecho de autodeterminación de las comunidades y gobiernos locales. Lamentamos que la salud y el bienestar de la población afectada por este monocultivo se ponga en un segundo plano y sea menos importante que al bolsillo de empresarios que se brincan la legislación ambiental y laboral de este país.

La Campaña Piña Sin Derechos convoca a defender las propuestas de las comunidades que han planteado un freno a esta destructiva industria, pese a violencia y la criminalización. Por esta razón proponemos un plantón frente a la Sala Constitucional el próximo 06 de setiembre a las 11:30 a.m.  para manifestar nuestro desacuerdo ante este fallo que sienta precedentes poco decorosos para la justicia ambiental y social de este país.

San José, Costa Rica. 31 de agosto 2016

Contactos: 
Gerardo Barba (vecino de Los Chiles) 8815-3475 
Jeffery López (Ditsö) 8878-9009