viernes, 27 de julio de 2012

Activista mexicana critica trato a indígenas en proyecto hidroeléctrico Diquís

Escrito por Vinicio Chacón 
(vinicio.chacon@ucr.ac.cr) 
Semanario Universidad
Miércoles, 25 de Julio de 2012
La “privatización del sector energético” y sus consecuencias para las poblaciones indígenas fue una de las similitudes que encontró con su país la activista mexicana Ana María García, quien al visitar Costa Rica analizó las realidades que en materia energética enfrentan ambas naciones. Su presencia aquí obedeció a su participación en el encuentro “Compartiendo resistencia, autonomía y esperanza”, el cual reunió a indígenas de Oaxaca (México) y del sur de Costa Rica.

La actividad fue organizada por la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. En ese marco, indígenas del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) y de la organización Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) —ambas de Oaxaca— recorrieron los territorios indígenas Térraba, Cabagra y La Casona, donde compartieron experiencias sobre la instalación de grandes proyectos hidroeléctricos en sus tierras.

En el ámbito internacional, no son pocos los ejemplos de proyectos de este tipo, que implican la inundación de territorios indígenas y el desplazamiento de las comunidades. En estos momentos, en Brasil se construye la represa Belo Monte, la cual afectará a pueblos indígenas amazónicos y algunas fuentes cifran hasta en 50 000 la cantidad de personas que serán desplazadas por el megaproyecto.

Otro caso es el de la empresa española Endesa en Chile, que presentó un proyecto hidroeléctrico denominado Central Hidroeléctrica Neltume, ubicado en la región de los lagos Pirehueico y Neltume (provincia de Valdivia) y que afecta a las comunidades indígenas Inalafquen, Juan Quintuman  y Valeriano Cayicul.

En la misma Oaxaca, hace 40 años la instalación de represas significó el desplazamiento de 40 000 personas y  parte de la población indígena se negó a dejar su territorio tradicional, por lo que  murió ahogada.
García trabaja con EDUCA, organización que asesora al COPUDEVER, el cual agrupa a representantes de diversas comunidades indígenas.

Tras su visita a varias comunidades indígenas costarricenses, ¿qué impresión le dejó la  situación que atraviesan y qué similitudes encontró con la realidad de las comunidades de Oaxaca?

—Nos ha impactado especialmente el racismo. Es evidente: hay un discurso expresado entre indígenas y “blancos”; un racismo interiorizado a ambos lados. En el caso de México es más encubierto; aquí es frontal.
Una similitud es la privatización del sector energético. Costa Rica está en vías de privatizarlo totalmente y México también. Nos informaron sobre un esquema de cooperativas productoras de energía, pero ya también hay contratos directos con empresas. Esos son dos mecanismos claros de privatización.

La gran diferencia es el tipo de propiedad y tenencia de la tierra. En México, la legislación aún ofrece cierto nivel de protección; aquí no lo veo tan claro. Me costó entender cómo tienen la posesión de la tierra, pero en muchos casos no cuentan con título de propiedad ni con los mecanismos legales para su defensa.
En ambos casos, son los propios pueblos los que asumen la defensa de su territorio, por medio de una apropiación cultural. A partir de la identidad —de decir “yo soy térraba” o “yo soy mixteco”—, se defiende el territorio, entendido como la población y todo su entorno. Ambos movimientos se encuentran en esa demanda del derecho a la tierra.

Creo que en Costa Rica los térrabas enfrentan condiciones políticas y sociales más adversas. En México, con todo lo que ha pasado hay una solidaridad un poco más fuerte y evidente hacia estos movimientos. A pesar de que el Estado es eminentemente represor, hemos alcanzado un nivel de mayor cobertura del movimiento. Los compañeros del Frente de Térraba han logrado una gran incidencia en el ámbito internacional, lo cual les ayuda mucho.

¿Cómo es el panorama social actual para las comunidades indígenas en Oaxaca? 

—En Oaxaca, convivimos 16 pueblos indígenas, mayoritariamente mixtecos y zapotecos.  Históricamente, siempre ha sido un lugar de marginación y pobreza; es un problema estructural muy fuerte y una deuda histórica con los pueblos indígenas.

Han surgido con mucha fuerza movimientos de defensa del territorio en casi todas las regiones del Estado, contra las concesiones de minería a cielo abierto y los proyectos hidroeléctricos. Las concesiones mineras son para extraer oro, plata, cinc o aluminio, y casi el 90% del Estado está concesionado  a empresas canadienses.

Estos movimientos de defensa territorial se ubican en la región del istmo de Tehuantepec, donde también se lucha contra los monopolios españoles de producción de energía, a través de los parques eólicos. En la costa, está la defensa contra el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y, en los valles centrales y la sierra norte, está muy fuerte la lucha contra la minería.

¿Qué problemas ha implicado la energía eólica? 

—La primera gran irregularidad; es que ninguno de los proyectos que existen se instaló con el aval de las asambleas de comuneros o ejidatarios. La segunda es que las empresas españolas y europeas firmaron contratos de arrendamiento de los terrenos de manera directa con algunas personas; son contratos muy ventajosos para las empresas, pero carecen de legalidad.

En tercer lugar, con el paso del tiempo las torres y aerogeneradores han provocado  contaminación con químicos y aceites asociados a los procesos de construcción y mantenimiento. Además, una vez que firman el contrato, los campesinos no pueden entrar a sus propias tierras, lo cual tiene consecuencias culturales importantes, porque en Oaxaca todavía la siembra de maíz y otros cultivos básicos es para autoconsumo.

¿Cuál es el proyecto de generación eléctrica que más preocupa?

—El proyecto Paso de la Reina y el denominado Ixtayutla. Ambos son gestionados por la Comisión Federal de Electricidad y se han planteado sobre el río Verde, uno de los más importantes de Oaxaca que nace en los valles, cruza las montañas y desemboca en el océano Pacífico. Se trata de una cuenca muy importante, protegida por la Convención Internacional Ramsar de Protección a los Humedales.

Además, en la cuenca, viven de manera milenaria pueblos mixtecos y chapinos, que serían desplazados. El Concejo de Pueblos tiene presencia territorial en toda esa región, agrupa a más de 40 comunidades y estimamos que los proyectos podrían afectar a unos 100 mil habitantes.

Las comunidades tratan de frenar el proyecto Paso de la Reina en términos legales y ambientales, pero en realidad mantienen el control territorial y, además de protestas, han realizado bloqueos para evitar que la Comisión entre a hacer estudios u obras.



Se mantiene polémica sobre consulta del PH Diquís

El plazo de seis meses que la Sala Constitucional estableció para que se realice la consulta a las comunidades indígenas que se verán afectadas por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Diquís, sigue siendo un punto polémica de la discusión, pues representantes de esas comunidades alegan que no cuentan con tiempo suficiente para informar y educar a la población al respecto.

Así lo explicó Jerry Rivera, del Frente de Defensa de los Derechos Indígenas Térrabas, quien reclamó que “si el Estado tiene el interés de hacer una consulta en un territorio indígena, no la puede realizar de la noche a la mañana o en seis meses como dijo la Sala IV, ya que requiere de un proceso enorme de información y educación y eso no se ha dado”.

Rivera participó en el encuentro “Compartiendo resistencia, autonomía y esperanza” y añadió que el pueblo indígena “no tiene que correr absolutamente en nada”, ya que —según dijo— de acuerdo con la legislación internacional, es “ilegal” lo determinado por la Sala IV.
Cabe recordar que en octubre del año pasado la Sala emitió esa disposición, en el “por tanto” de una resolución sobre una acción de inconstitucionalidad presentada por el Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba, contra la declaratoria de interés nacional del proyecto. Ese plazo aún no corre, dado que no se ha emitido la totalidad de la sentencia.

“El Estado no ha cumplido con las legislaciones nacionales e internacionales, en términos de contar con el consentimiento de los pueblos indígenas”, insistió Rivera.

Añadió que es preciso contar con estudios independientes que aporten “información verídica” sobre el estado energético del país.
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