Ir al contenido principal

Costa Rica. Gobierno de Luis Guillermo Solís sigue evadiendo sus responsabilidades ante Pueblo Bribri de Cabagra.

 Comunicado de Prensa

  • Indignante. Por "error administrativo" Viceministra de la Presidencia del gobierno de Costa Rica no ha dado respuesta a propuesta presentada hace un año por el Pueblo Bribri de Cabagra.
  • Defensoría de los Habitantes señala que desalojos administrativos contra ocupantes ilegales de territorios indígenas siguen pendientes sin justificación alguna.

Jueves 10 de agosto de 2017.

Como se ha indicado por múltiples medios, varias organizaciones del Pueblo Bribri del Territorio Iriria Bribri Sä Kä (Cabagra) presentaron al Poder Ejecutivo una propuesta de Protocolo para el Saneamiento Territorial, la Integridad y Seguridad del Pueblo Bribri; documento entregado a la Ministra de Justicia y Paz el 14 de julio de 2016.

Posterior a esa fecha el Ejecutivo decidió nombrar responsable para atender el territorio de Cabagra a la Viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga.

Después de un año de presentada la propuesta, en oficio DVMP -AGZA-383-2017(adjunto) del 1 de agosto de 2017, la Viceministra reconoce que se recibió la información del Ministerio de Justicia y Paz, por medio del oficio MJP-1437-10-2016, sin embargo "no fue respondida, ni se dio atención a las solicitudes realizadas"

"La citada desatención fue resultado del traslado de información entre ambos Ministerios y la falta de seguimiento de dichos asuntos" indica la Viceministra y dice además "que el protocolo propuesto por este territorio no fue atendido, ni respondido directamente" pero fue utilizado como insumo para dialogar con los pueblos indígenas y que se les explicará este "error administrativo".

Las organizaciones abajo firmantes, no aceptan tales excusas y no es admisible que dicha propuesta no se haya contestado, pero que supuestamente si se tomó como insumo para conversar con dichos pueblos. Además, las organizaciones que proponen el Protocolo han sido muy claras que no se sienten representadas por la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) y que siempre estuvieron esperando respuesta a su propuesta para dialogar con el gobierno, respuesta que nunca llegó.

Señala también la Viceministra Zúñiga Aponte, que el Ejecutivo en conjunto con el INDER están haciendo un abordaje integral del tema de los territorios por medio del Plan Nacional de Recuperación de los Territorios Indígenas (Plan- RTI).

Sin embargo, la Defensoría de los Habitantes en un comunicado del día de ayer 9/8/17, en ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (adjunto), expresa sobre el Plan-RTI que pretende regularizar la situación de los territorios en 6 años "llama la atención de la Defensoría que  el Plan no define ni incorpora las herramientas o procesos para dicho fin...solo señala que se confeccionará un expediente para cada ocupante". Las organizaciones firmantes denuncian además, que dicho Plan tampoco indica las fuentes de los recursos requeridos y varias organizaciones de pueblos originarios están disconformes con el proceder del INDER, como ya se ha echo público en diversas ocasiones.

Sobre la ocupación ilegal de los territorios de los Pueblos Originarios,  la Defensoría señala "los desalojos administrativos de procesos resueltos hace varios años siguen pendientes de ejecución sin justificación conocida"

Cabe resaltar que tanto las 3 organizaciones originarias bribris de Cabagra que presentaron la propuesta de Protocolo, así como el Consejo Iriria Ajkönük Wakpa del territorio bribri de Salitre decidieron no participar en la construcción de un mecanismo de consulta, impulsado por el gobierno,  hasta tanto no se dé la total reparación de sus territorios.

Por su parte y ante esta nueva prueba de falta de interés y voluntad del gobierno por resolver el tema de la ocupación ilegal del territorio de Cabagra, l@s legítimos hereder@s bribris con el apoyo de las instancias originarias han continuado recuperando tierra- territorio, al menos 4 fincas en los últimos 2 meses.

El pasado martes 8 de agosto se inició con el proceso de recuperación de 2 fincas en dicho territorio;  la primera ubicada en Las Delicias, terreno usurpado por el no indígena Eduar Fernández Mora y cuya legítima dueña y heredera es Maritza Figueroa Mayorga, hasta el día de hoy, el terrateniente se mantiene en el corral con un grupo de hombres (algunos armados) y uno de ellos, Manuel Fernández Hernández ha amenazado de muerte a Maritza y su familia; la policía no ha requisado a los matones para verificar la tenencia de armas de fuego.

Ese mismo día, la originaria bribri y legítima heredera Maria Heriberta Torres Ortiz inició con la recuperación de una finca que le pertenece, ubicada en San Juan de Cabagra y que está usurpada por Isidro Corrales Umaña, quien se niega a salir del terreno. El día de ayer 9 de agosto doña María y una de sus hijas interpusieron una demanda en la Fiscalía de Buenos Aires, por amenazas contra Corrales Umaña, quien las amenazó con machete y arma de fuego.

Las organizaciones firmantes no aceptan como válida la excusa del "error administrativo"  alegada por la Viceministra, condenan los ataques contra los pueblos originarios y la impunidad reinante hasta el momento y apoyan los procesos derecuperación de tierras- territorios que llevan a cabo los pueblos originarios.

Consejo de Mayores Iriria Jtechö Wakpa, Instancia Originaria Békg Tlra Ñlra, Recuperador@s originari@s de Nima Diköl y Taü Ulá Ki (Cabagra).


Consejo Iriria Ajkönük Wakpa de Salitre.


Recuperador@s de Finca San Andres (Territorio Naso Broran, Terraba)


Consejo Indígena Regional del Pacífico Sur


COOTRAOSA


Comité de lucha por la tierra de Finca Changuena


Voces Nuestras


Ditsö


Coordinadora de Lucha Sur Sur









Entradas populares de este blog

ACCIÓN URGENTE: Omisión del Estado de Costa Rica ante amenazas de muerte contra miembros de Ditsö

ACCIÓN URGENTE: Omisión por parte del Estado de Costa Rica ante amenazas de muerte, hostigamiento, difamación, incitación a hechos de violencia y apología del delito en contra de los defensores de derechos humanos Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery López Castro, miembros de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö AU-01/San José/Costa Rica/-04/03/2020 Carlos Alvarado Quesada Presidente de la República de Costa Rica Randall Otárola Viceministro de Diálogo Social Damaris Vargas Magistrada encargada de la Comisión de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas del Poder Judicial Michael Soto Rojas Ministro de Seguridad Pública Patricia Mora Castellanos Ministra de la Condición de la Mujer Álvaro Paniagua Director de la Oficina de Atención Especial de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica Alice Shackelford Coordinadora Residente de la ONU en Costa Rica Michelle Bachelet Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Paulo Abrão Secreta...

El 3 de marzo de 2020, CNTL solicitará extensión de la moratoria vigente a las represas hidroeléctricas en Upala.

COMUNICADO DE PRENSA Miércoles 26 de febrero del 2020. Upala, Costa Rica. Coordinadora Norte Tierra y Libertad (CNTL) y comunidades solicitarán al Concejo Municipal de Upala la extensión de la moratoria vigente a las represas hidroeléctricas en el cantón, hasta que se determinen sus impactos socioambientales y se cuente con un Plan Regulador. CNTL también presentará Mapa Social de Riesgo de inundaciones en el centro urbano de Upala. El próximo martes 3 de marzo la Coordinadora Norte Tierra y Libertad estará presentando una moción al Concejo Municipal de Upala, solicitando la ampliación del plazo de la moratoria vigente. Esta moratoria fue acordada por el Concejo Municipal en febrero del año 2015. La moción aprobada en 2015 estableció “… una moratoria de cinco años al otorgamiento de permisos, autorizaciones municipales y certificados de uso conforme para la construcción e instalación de represas hidroeléctricas en el cantón de Upala”. Asimismo, determinó como un deber de la Un...

Defender el territorio y nuestros bienes comunes

Durante el camino que hemos recorrido como organización, la defensa de los derechos comunitarios se ha convertido en un eje vertebral de nuestras luchas: nos ha llevado a una dimensión de la vida social que en nuestro país está muy subvalorada. La legislación costarricense no reconoce la propiedad social en ninguna de sus expresiones, la división jurídica de la vida solo reconoce la propiedad privada y la propiedad pública, entendida como estatal. Así que lo público-social fuera del Estado no existe, el lugar donde suceden las experiencias de  vida comunitaria. La ruptura del tejido social que ha generado 30 años de neoliberalismo, la subjetividad consumidora